Blanca Rodríguez propone una ley para que el Estado uruguayo hable fácil y claro a los ciudadanos

La senadora frenteamplista Blanca Rodríguez presentó un proyecto de ley para promover el uso obligatorio del lenguaje claro en los organismos públicos de Uruguay .

La propuesta, respaldada por la bancada del Frente Amplio, apunta a que los ciudadanos puedan entender con mayor facilidad la información que reciben del Estado y utilizarla para realizar trámites, acceder a servicios y ejercer sus derechos.

El texto ingresó al ámbito parlamentario y su consideración en la Comisión de Educación y Cultura del Senado estaba prevista para este lunes 19 de octubre.

La iniciativa todavía no es una ley vigente: necesita completar su tratamiento legislativo.

¿Qué cambiaría para los ciudadanos?

Si se aprueba, los organismos públicos deberán utilizar lenguaje claro en sus trámites, servicios, contenidos y comunicaciones.

La idea es evitar que una persona necesite conocimientos jurídicos o administrativos para comprender una notificación, completar un formulario o identificar los requisitos de una gestión.

En la práctica, una comunicación estatal debería explicar qué debe hacer la persona, qué documentación necesita y cuáles son los pasos siguientes, con frases directas, palabras habituales y una organización fácil de seguir.

El lenguaje claro no implica eliminar la precisión legal, sino hacerla comprensible.

Capacitación y rendición de cuentas La propuesta también establece que los organismos capaciten a sus funcionarios y publiquen un informe anual sobre los avances en la implementación.

De esta manera, la simplificación de los textos no quedaría limitada a una recomendación voluntaria.

La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) tendría un papel central.

Según la iniciativa difundida, debería capacitar a referentes de los organismos públicos en un plazo máximo de 180 días, colaborar en la redacción de trámites, producir guías y estudios y monitorear el cumplimiento de la norma.

Un consejo asesor para mejorar la comunicación estatal El proyecto prevé crear un consejo asesor sobre lenguaje claro con participación de instituciones académicas y públicas, entre ellas la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, universidades privadas, el Ministerio de Educación y Cultura, el IMPO y la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Su cometido sería elaborar propuestas y recomendaciones basadas en estudios e investigaciones, así como contribuir a mejorar políticas, programas y servicios.

El objetivo es incorporar la comprensión ciudadana como un criterio permanente de calidad en la gestión pública.

Una barrera que también afecta el ejercicio de derechos En la fundamentación de la propuesta se sostiene que la comunicación pública debe pensarse desde el lugar de quien recibe la información.

Para ello se propone utilizar frases más cortas, evitar tecnicismos innecesarios y dirigirse directamente a las personas.

Un documento difícil de entender puede generar errores, demoras y consultas adicionales, especialmente cuando se relaciona con prestaciones sociales, procedimientos administrativos o derechos.

Por eso, la iniciativa vincula el lenguaje claro con la accesibilidad, la confianza institucional y la igualdad de oportunidades para interactuar con el Estado.

Uruguay ya desarrolla herramientas de lenguaje claro La propuesta llega en un momento en que distintas instituciones uruguayas avanzan en la materia.

En septiembre de 2026, Agesic publicó una Guía de Lenguaje Claro , basada en la norma internacional ISO 24495-1 y adaptada al funcionamiento del Estado uruguayo.

El Poder Legislativo también incorporó compromisos de lenguaje parlamentario claro y accesible en el Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2025-2029, que contempla capacitación, mejoras en la comunicación y formatos accesibles.

Qué falta para que sea obligatorio La iniciativa de Rodríguez deberá avanzar en el Senado y superar las etapas legislativas correspondientes antes de convertirse en ley.

Hasta entonces, las obligaciones propuestas no deben confundirse con requisitos ya vigentes para todos los organismos.

El debate plantea una pregunta concreta: si el Estado exige a las personas conocer y cumplir sus reglas, ¿no debería garantizar también que esas reglas puedan comprenderse sin intermediarios?

La senadora del Frente Amplio presentó una iniciativa que busca simplificar los documentos públicos, facilitar la comprensión de los derechos ciudadanos y reducir las barreras de la burocracia.

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